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Despido y cesión ilegal

Volvemos a un clásico de la mano de nuestro Tribunal Supremo: la cesión ilegal de personas trabajadoras, vamos a usar lenguaje inclusivo, y en este caso derivado de una reciente sentencia del citado Tribunal de 15 de octubre de 2019, recurso 1620/2017, mezclado con un supuesto de despido.

Como sabemos la regulación de esta figura se contempla en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores:

“1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal”.

Una de las consecuencias fundamentales de la cesión ilegal, por tanto, es la responsabilidad conjunta de empresa cedente y empresa cesionaria respecto de todas las obligaciones para con los trabajadores, y ello es, lógicamente, así también para los supuestos de despido cuando hay de por medio una cesión ilegal.

En supuestos de despido, con cesión ilegal, hay, por decirlo de alguna manera, dos derechos de opción; por un lado, el del trabajador a ser fijo en una de las dos empresas a su elección y por otro el del empresario a readmitir o indemnizar.

El derecho del trabajador a optar por permanecer como fijo en la empresa de su elección, como resultado de la declaración de cesión ilegal, es independiente y anterior al derecho de optar por indemnizar o readmitir, que le concede el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores al empresario en los supuestos de despido improcedente.

Por tanto, el trabajador que sufre un supuesto de cesión ilegal tiene el derecho de optar por cuál de las dos empresas -cedente o cesionaria- será su empleadora y, una vez ejercitada dicha opción, corresponde al empresario por el que el trabajador ha optado decidir si indemniza o readmite al trabajador, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 56 del TRET.

Hasta aquí parece claro el supuesto.

Ahora bien, si el empresario elegido por el trabajador decide indemnizarle y no readmitirle ¿Qué pasa con el otro empresario?  ¿Desaparece de la escena?, ¿su indudable responsabilidad en la ilegalidad se diluye?

Conforme a la sentencia hoy analizada, el empresario “no elegido” –pero corresponsable de la cesión ilícita- responde solidariamente del pago de la indemnización y de todas las consecuencias que se pudieran derivar del despido.

Perfecto, pero, y si el despido es nulo ¿Qué pasa con el empresario que no ha sido elegido por el demandante? aquí la obligación de readmisión de la empresa elegida por el trabajador recae sobre esta, pero eso no significa que el “empresario” no elegido por el trabajador no asuma consecuencias, -en tono irónico digamos que no puede sentirse “despechado”- ya que, por ejemplo, en el caso del abono de los salarios de tramitación a los que le condene la sentencia, mantiene la responsabilidad solidaria pues procede la condena solidaria de cedente y cesionario con las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad del despido.

Así lo deja claro la Sentencia, que se remite a anteriores de 28.9.2006 y 3.11.2008.

En nuestro despacho contamos con amplia experiencia en derecho laboral; si necesitas ayuda de un abogado laboralista en Madrid, ya seas empresa o trabajador, en temas de despido, excedencias, reclamaciones de cantidad, Seguridad Social etc., contacta conmigo y estudiaré tu situación para ofrecerte la mejor solución legal a aplicar.

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