No son pocas las veces que nos encontramos situaciones donde las vulneraciones que sufre la persona trabajadora trascienden de la legalidad ordinaria, viéndose afectados los derechos fundamentales del trabajador.
La ley reguladora de la jurisdicción social establece un especifico tratamiento a esta materia en los artículos 177 y siguientes de la misma. De hecho, la norma señala claramente que cualquier trabajador que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá solicitar su protección a través de este procedimiento.
Es necesario que se produzca, lógicamente, en el ámbito de las competencias que conoce el orden jurisdiccional social.
Dada la relevancia de este proceso, el Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del trabajador.
La persona trabajadora víctima del acoso o de la lesión de derechos fundamentales podrá dirigir pretensiones, tanto contra el empresario, como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le una al empresario, por ejemplo, otro compañero de trabajo (un superior jerárquico etc.).
La tramitación de estos procesos tendrá carácter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los que se sigan en el juzgado o tribunal.
La demanda deberá expresar con claridad los hechos en que se basa la vulneración, el derecho o libertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios.
En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Una vez celebrado el juicio, en caso de estimación de la demanda, el juzgado:
a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos.
b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador.
c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas.
d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera.
Por otro lado, cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.
*Si consideras que se han vulnerado tus derechos fundamentales puedes acudir a nuestros abogados de Derecho Laboral en Madrid.
