Prostitución y derechos laborales | Santiago Satué - Abogado Laboralista en Madrid

Como gran aficionado a las series televisivas, no me pierdo la tercera temporada de la serie danesa “Borgen”, de la que deberíamos aprender mucho en cuanto a la cultura de pactos entre distintos partidos políticos, con los tiempos que se avecinan en nuestro país.

Sin caer en la tentación de contar más de lo debido, y no destripar el argumento –lo que modernamente se llama con otro neologismo más, “spoiler”-, uno de los episodios de la tercera temporada, se ocupa de la situación legal de la prostitución en Dinamarca.

Pues bien, en España, estos días ha estado encima de todas las mesas de quienes nos ocupamos del derecho laboral una sentencia, la 50/2015, dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de 18 de febrero de 2015, cuyo autor es don Joan Agustí Maragall, titular del Juzgado Social 33 de Barcelona, pero que actuaba como juez sustituto del Social 10 de esa ciudad.

Hoy comento brevemente los argumentos de la citada sentencia, que abre la puerta a que a las trabajadoras que ejercen la prostitución, puedan exigir al empresario para el que prestan servicios, la celebración de un contrato de trabajo, con la correspondiente alta en la Seguridad Social, y el consecuente acceso a las prestaciones del sistema público, en pie de igualdad con otros trabajadores.

La sentencia analiza, estudia y, finalmente, argumenta la inexistencia de obstáculos, ya sea desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, como desde el punto de vista de la legalidad constitucional, para el reconocimiento del carácter laboral de esta prestación de servicios.

La demanda

La demanda, origen de las actuaciones, es de oficio –conforme al artículo 148.d) de la LRJS- y se inicia por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en base a una actuación previa de la Inspección de Trabajo, que giró visita al centro de trabajo, en compañía de la Policía Nacional, el 11.10.12. Se finalizó la actuación inspectora con acta de infracción el 28.2.2013, por falta de afiliación y alta de las trabajadoras. Dicha acta goza de presunción legal de certeza, como señala la sentencia.

Se interpuso la demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas del centro, en la que se solicitaba al Juzgado que declarase que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada, tenía naturaleza laboral. Al estar ante una demanda de oficio, las trabajadoras figuran como codemandadas.

La propietaria alegaba que solamente alquilaba las habitaciones, que las trabajadoras ejercían la prostitución por cuenta propia, y todo ello a pesar de que la licencia del local es de centro de masajes, y no de alquiler de habitaciones.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y declara que existe relación de naturaleza laboral.

Los hechos probados de la sentencia se han establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, y los hechos han sido corroborados en el acto de juicio.

Se señala la existencia de relación laboral por:

  1. Los servicios se ofrecían a través de una web del centro de masajes propiedad de la empresaria, siendo la web la fuente principal de captación de clientes.
  2. La empresaria era la dueña del centro de masajes, con licencia municipal de actividad como centro de masajes.
  3. Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la empresaria, y en los horarios convenidos, quedando a la espera de clientes.

Por tanto se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral, es decir la prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

Problema para la estimación de la demanda

Se plantea la sentencia un problema para la estimación de la demanda, el carácter ilícito del objeto del contrato, al ser servicios de prostitución, ya que para que el contrato de trabajo sea válido es necesario que su objeto y causa sean lícitos, – arts. 1271 y 1275 del Código Civil. También se plantea la negativa de los Tribunales a reconocer dicha relación como laboral, mencionando expresamente la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.2004.

Existencia de proxenetismo

Otro aspecto que se detiene a analizar es el art. 188.1 del Código Penal: “El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.

No obstante, se razona por el juez, que la evolución de la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la aplicación de un criterio restrictivo del delito de proxenetismo, conduciría a concluir que, existiendo consentimiento, este juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, siendo solo irrelevante el prestado por una persona que ejerza la prostitución mediante empleo de intimidación, violencia, engaño, o como víctima de abuso de superioridad o de su situación de vulnerabilidad o necesidad, o cuando se aprecia delito de explotación laboral, por concurrir condiciones abusivas de trabajo. En ese sentido menciona la Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Penal, 425/2009 de 14 de abril.

Resolución del Parlamento Europeo

El juez no olvida, y menciona expresamente, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2.014, -cuyas recomendaciones, aunque carecen de eficacia normativa, no han sido todavía asumidas por el estado español- sobre explotación sexual y prostitución.

Dicha resolución considera que toda prostitución, y no sólo la forzada, tienen un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Pero el magistrado reconoce que mientras el estado español no asuma las recomendaciones, en orden a la erradicación absoluta de la prostitución, la actual situación de “alegalidad”, y el no reconocimiento del carácter laboral, solo sirven para agravar la situación de este colectivo.

Es decir que “mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”.

Conclusiones del Juez

Por todo lo expuesto, el juez concluye que no hay obstáculo para el reconocimiento de relación laboral en el supuesto que analiza, aún desde la necesaria perspectiva de género, estimando la demanda de oficio interpuesta por la TGSS, y declarando la existencia de relación laboral.

Como toda sentencia dictada en un proceso de oficio, la ejecución es de oficio, pero es susceptible de recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Cataluña, por lo que habrá que ver que sucede en dicha instancia. No obstante el propio TSJ de Cataluña, ya negó esta laboralidad en Sentencia de 15.5.2009.

Ponte en contacto conmigo y te ayudaré a resolver todas y cada una de tus dudas o conflictos en materia laboral.

Un saludo y hasta la próxima.

(Foto de Danmarks Radio)

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