El control del patrimonio empresarial frente a hurtos es un terreno delicado donde colisionan el poder de dirección del empresario y el derecho a la intimidad del trabajador.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón (Sentencia 81/2026, de 19 de enero) arroja luz sobre los límites de estos registros y las graves consecuencias de negarse a ellos.
Los hechos: dos negativas y un despido disciplinario
El escenario se sitúa en la empresa YUDIGAR S.A.U., donde, ante la sospecha de pérdida de herramientas, se organizó un registro esporádico a la salida del turno de tarde.
El protocolo era sencillo: un vigilante de seguridad, en presencia de representantes de los trabajadores, pedía abrir las bolsas para una inspección visual con linterna, sin manipular el interior.
Un trabajador, con más de 25 años de antigüedad, se negó rotundamente y en dos ocasiones consecutivas a mostrar el contenido de su mochila. Ante esta actitud, la empresa procedió a su despido disciplinario.
¿Cuándo es lícito un registro en el centro de trabajo?
La Sala de lo Social del TSJ de Aragón recuerda que, según el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa puede realizar registros si se cumplen tres requisitos fundamentales que se dieron en este caso:
- Necesidad de protección: Existía una sospecha previa de hurtos de material.
- Respeto a la dignidad: El registro fue poco invasivo (solo visual), se realizó dentro del centro de trabajo y en una zona de tránsito, evitando la «exhibición pública» del contenido.
- Garantías de objetividad: Se contó con la presencia de representantes legales de los trabajadores durante el proceso.
El trabajador argumentó que el segundo requerimiento se produjo a las 23:15h, ya fuera de su horario laboral. Sin embargo, el Tribunal determinó que el registro seguía conectado a la jornada laboral (dentro del nexo temporal), ya que se produjo en el momento de abandonar las instalaciones.
Al declararse la licitud del registro, la negativa del empleado se calificó como una desobediencia grave y culpable. El tribunal concluyó que:
- La negativa fue reiterada (dos veces el mismo día).
- Frustró el derecho legítimo de la empresa a proteger su patrimonio.
- No existía una justificación razonable para dicha oposición.
Este fallo confirma que el despido procedente es una consecuencia válida cuando un trabajador se opone a una medida de control empresarial proporcional y legal. No basta con alegar el derecho a la intimidad si la medida cuenta con las garantías adecuadas y responde a una causa justificada.
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