Si me pagan en “B” ¿puedo extinguir mi contrato de trabajo? - Abogado laboralista Madrid

Hoy comentamos en nuestro blog una reciente sentencia que ha aparecido en diversos medios de comunicación, dictada por el Tribunal Supremo el 18/06/2020, y que da la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el trabajador cobra en dinero “B” sin cotizar a la Seguridad Social, práctica que en este país llevan a cabo algunos señores, que se autodenominan “empresarios”, con relativa frecuencia.

Para centrar el tema, debemos conocer el contenido del citado artículo, que establece:

“Artículo 50 Extinción por voluntad del trabajador

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente”.

Situados donde estamos, veamos qué sucede en el supuesto concreto que analiza el Alto Tribunal.

En el supuesto concreto, hablamos de tres trabajadores que realizaban labores de mantenimiento, cultivo y recolecta de fincas agrarias, trabajando normalmente de lunes a sábado y que percibían una cantidad en nómina y otra en sobre. Asimismo, al finalizar cada período trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se cobraban.

Una vez descrita la “amable” conducta empresarial, el Tribunal Supremo recoge en los antecedentes de hecho como el Juzgado de lo Social 3 de Huelva estima la demanda de los trabajadores declarando “extinguida la relación laboral que vinculaba a las partes, con fecha de esta sentencia”.

La empresa interpone recurso de Suplicación contra la anterior resolución, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), dicta sentencia con fecha 22 de noviembre de 2017, en la que dispone: «Que estimando el recurso de suplicación formulado por (la empresa) debemos revocar y revocamos la sentencia recurrida, que dejamos sin efecto. En consecuencia y, en sustitución de la misma, desestimando la demanda debemos absolver y absolvemos a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra”.

Ante esta Sentencia del TSJ de Andalucía, el letrado de los trabajadores plantea recurso de casación para la unificación de doctrina, origen de la Sentencia que hoy comentamos.

En una modélica Sentencia, como es habitual cuando el ponente es don Antonio Sempere Navarro, se desgranan de manera metódica y ordenada el relato de los hechos y de los fundamentos jurídicos.

Se recoge en la sentencia como, para llegar a su conclusión, el Juzgado Social de Huelva valora el tenor de las pruebas testificales practicadas, la «injustificada incomparecencia» del representante legal de la empresa y la existencia de «fotocopias de pagarés y otros documentos que se entregaban a los trabajadores en pago de sus servicios».

Veamos que dice el fundamento de derecho tercero de la sólida argumentación de la resolución judicial:

“La legislación laboral española permite que el contrato de trabajo se extinga «por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario» [ art. 49.1.j ET] y, al efecto, el art. 50 del ET enumera una lista abierta de tales supuestos pues a las modificaciones sustanciales anómalas y a las irregularidades en el pago de los salarios, desde la promulgación de la Ley 11/1994 de 19 de mayo, añade «cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor […]». Interesa recordar que, anteriormente, el precepto se pronunciaba en términos más restrictivos pues aludía a «cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor».

Y continúa señalando:

“Una de las causas por las que el trabajador puede instar la extinción del contrato de trabajo es el incumplimiento grave por el empresario de sus obligaciones. La inicial y expuesta referencia a su carácter contractual explica que nuestra STS 15 enero 1987 (ROJ 13492/196) sostuviera que los defectos de cotización por algún concepto retributivo «serían susceptibles de una acción de exigencia del cumplimiento […] con eventual resarcimiento de los perjuicios causados, pero carecen de entidad suficiente para impedir la continuidad del contrato de trabajo.

Multitud de sentencias posteriores, sin embargo, han venido sosteniendo lo contrario, incluso bajo la vigencia del precepto originario. La STS 18 febrero 2013 (rcud. 886/2012) citas abundantes precedentes en los que hemos advertido que el antiguo término «obligaciones contractuales» no debe contraerse a las obligaciones pactadas en el contrato, sino que debe extenderse tal expresión a todas aquellas que, cualesquiera que sea su origen, hayan sido asumidas por el empresario. En todo caso, la redacción vigente del precepto viene a positivar esa visión amplia de lo que significaban las «obligaciones contractuales». La STS 19 enero 2015 (rcud. 569/2014) subsume en el precepto las anomalías en pago de salarios o de complemento por IT (art. 50 ET”)”.

Por tanto, ya previamente se dio un alcance más amplio al concepto obligaciones contractuales, que no solo son las “pactadas en el contrato de trabajo”.

Analiza la Sentencia después la persistencia temporal y la gravedad de la conducta, y las consecuencias de la pasividad del trabajador ante estas situaciones, señalando que “la ausencia de reclamación por parte del trabajador ante los incumplimientos empresariales no ha sido considerada como motivo que enerve la concurrencia de la causa resolutoria”.

Y llegamos al Fundamento Jurídico cuarto, cuyo contenido reproduzco literalmente, pues esta expresado con una precisión y acierto muy superior al que yo podría desarrollar:

“Digamos ya que la sentencia recurrida asume un concepto sobre el tipo de conducta empresarial que da lugar a la resolución causal más propio de le redacción originaria de la norma que de la actual. Como queda expuesto, el ET de 1980 hablaba de «incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario».

Pero si, aún bajo esta fórmula, nuestra doctrina consideraba que los defectos referidos a deberes en materia de Seguridad Social eran subsumibles en la referida apertura, es claro que actualmente no cabe duda alguna de ello.

A) La obligación de cotizar (art. 18 LGSS) no es genérica, sino que se corresponde con las bases definidas por la Ley (art. 19 LGSS). La base de cotización viene constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena (art. 147.1 LGSS).

B) Si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo desarrolla una conducta administrativamente sancionable (art. 23.b LISOS) sino que también perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de lo previamente cotizado (art. 161 LGSS).

C) Ese perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargo de prestaciones (art. 164 LGSS) o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial (art. 33 ET), entre otros aspectos.

D) La eventual conformidad de quien trabaja con esa conducta elusoria de las obligaciones hacia la Seguridad Social y la Hacienda Pública es inocua desde la perspectiva de la existencia de un incumplimiento. Los artículos 3.5 ET y 3 LGSS neutralizan el valor de los actos de disponibilidad en tales casos.

E) Además, la obligación de cotizar, de detraer la cuota obrera pesa sobre el sujeto pagador, no otro que la empresa (art. 142 LGSS) y son nulos todos los pactos que alteren la base de cotización legalmente definida (art. 143 LGSS).

F) Que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo es conducta sancionable (art. 7.3 LISOS) sino que dificulta la consecución de la finalidad perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental. En el presente caso, sin ir más lejos, buena parte de la actividad judicial ha debido dedicarse a esclarecer la retribución correspondiente a quienes demandan, precisamente por tal anomalía.

G) En suma: la ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados pero que no se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las obligaciones empresariales respecto de sus demandantes.

Consideramos errónea, pues, la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la cual esas conductas son sancionables, pero se mueven en un plano ajeno al contemplado en el artículo 50.1.c ET”.

Y dicho esto, se estima el recurso en favor de los trabajadores, anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y confirma la del Juzgado Social 3 de Huelva, reconociendo el derecho de los trabajadores a la extinción del contrato, con la indemnización correspondiente a un despido improcedente.

Por tanto, si usted es empresario, y ante el desuso del correo postal, no sabe que hacer con los sobres que tiene de stock en sus oficinas, antes de usarlos para pagar en “B”, mejor recíclelos en el punto limpio más cercano, no solo tendrá un comportamiento medioambiental elogiable, sino que evitará consecuencias jurídicas indeseadas.

En nuestro despacho contamos con amplia experiencia en derecho laboral; si necesitas ayuda de un abogado laboralista en Madrid, ya seas empresa o trabajador, en temas de despido, excedencias, reclamaciones de cantidad, Seguridad Social etc., contacta conmigo y estudiaré tu situación para ofrecerte la mejor solución legal a aplicar.

(Foto de ds_30 obtenida en Pixabay.)

En este blog se ofrece una visión general y orientativa de los asuntos que son tratados, no constituyendo la misma asesoramiento jurídico. Declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan adoptarse basadas exclusivamente en su contenido. Para realizar un estudio de su asunto, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

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